Artículo de Georgia Bekridaki, Dock, Grecia
En los últimos años se ha observado en Europa una tendencia creciente a la violación de los derechos humanos, sociales y políticos fundamentales. Las repetidas crisis económicas provocadas por el neoliberalismo llevan a la sociedad civil a organizar su acción colectiva a través de protestas, que ahora, con demasiada frecuencia, están prohibidas por la ley o, de hecho, por el uso asimétrico de la violencia por parte de las fuerzas represivas de los Estados, desafiando el derecho a la protesta garantizado constitucionalmente.
También se está reprimiendo la migración de poblaciones procedentes de zonas de guerra o inseguras, ya que se están levantando vallas en las entradas de las fronteras europeas y en el mar se está haciendo retroceder a lxs refugiadxs mediante devoluciones ilegales, vulnerando el derecho humano básico a la seguridad y a la libertad de circulación. La crisis inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda en las capitales europeas han desplazado a la población local en favor de la especulación inmobiliaria y la industria turística de masas. Se están intensificando los cercamientos de los bienes comunes y los servicios públicos (espacios públicos, educación, servicios sanitarios, tierras agrícolas y semillas), especialmente para lxs ciudadanxs vulnerables y discapacitadxs, y se ha restringido el acceso a los medios para asegurar nuestra alimentación y nuestro sustento.
¿Quién teme a los derechos sociales y políticos y por qué están amenazados?
¿Por qué las organizaciones de la sociedad civil, los activistas y los intelectuales dan la voz de alarma en defensa de los derechos humanos?
El hecho es que, a medida que se intensifican las desigualdades, el control social se legitima en nombre de diversas «crisis» y de la creación de excepciones a los derechos humanos. La democracia, el espacio público en el que tienen lugar las deliberaciones de los ciudadanos y en el que las personas se convierten en ciudadanxs activxs, se reduce constantemente: las iniciativas de los movimientos sociales y de la economía social y solidaria que principalmente «crean» espacios de democracia económica y promueven el multiculturalismo y la inclusión intentan actuar como barrera a estos desarrollos negativos.
La economía social y solidaria (ESS), como movimiento socioeconómico, promueve la profundización y ampliación de los derechos humanos, ya que, además de la producción de bienes y servicios en beneficio de la mayoría de las personas, pretende eliminar las desigualdades sociales y reforzar la participación de lxs ciudadanxs en las decisiones políticas. Al mismo tiempo, sin embargo, lxs actorxs de la ESS acompañan a los movimientos sociales tradicionales que luchan por los derechos civiles y apoyan sus acciones y reivindicaciones.
Un ejemplo es la Caisse commune de l’alimentation Montpellier en Francia que lucha contra la inseguridad alimentaria y apoya proyectos para el acceso a una alimentación sostenible y de calidad. La ESS acompaña también a movimientos como la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad que, a través de manifestaciones y acciones públicas en varias ciudades de toda Europa, se autoorganiza para cambiar las políticas de vivienda, y contribuye al debate público sobre el peligro de privatizar bienes comunes básicos como las infraestructuras públicas de suministro de agua. Además, las empresas de economía social y solidaria no sólo actúan de forma más mutua y equitativa, sino que aportan una perspectiva diferente a la percepción establecida sobre las cuestiones sociales. Por ejemplo, Habibi.works, cuyos servicios se dirigen a lxs inmigrantes como individuos con derechos, dignidad y posibilidades, o la iniciativa Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak, que introduce a las personas con discapacidad en la permacultura y las forma para que se conviertan ellas mismas en instructoras, cambiando así la visión que se tiene de la discapacidad.
Para defender sus derechos, lxs ciudadanxs deben combinar la resistencia con un rechazo explícito de las medidas autoritarias, al tiempo que crean ejemplos y demuestran lo que se puede conseguir colectivamente por el bien común.
