Artículo de Miriam Najibi , El Salto diario, 27 de agosto 2023
“Aquí se subcontrata en todos los ámbitos relacionados con las personas”, manifiesta Jokin Revilla, integrante de Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) en Bilbao. Esta plataforma social dedicada a la defensa de las personas migrantes y refugiadas surgió en 2016 ante la crisis migratoria que se produjo con la guerra en Siria y las situaciones de hacinamiento en los campamentos griegos. Desde entonces hasta ahora sus objetivos no han variado: “Denunciar las causas que provocan la migración forzosa así como la política de vulneración de derechos de los estados y ofrecer una acogida digna”. Así lo enumera Luisa Menéndez, también militante en OEE. El último de los propósitos —“qué se encuentran las personas cuando llegan”— es el que más esfuerzos exige a la organización.
“Nos relacionamos con otras entidades y asociaciones, pero no dependemos de ninguna institución, ni de subvenciones”, aclara Menéndez. Hasta el local situado en la calle Pelota del Casco Viejo de Bilbao se acercan personas que “generalmente”, cuenta, “han pasado ya por todos los servicios”. Cuando una persona llega al espacio de OEE, a veces su último recurso, se revela, una y otra vez, la desprotección a la que se ven sometidas ante la pasividad y dejación de funciones de las instituciones públicas de Euskadi y Nafarroa.
Allí, en su local, el asesoramiento ofrecido por OEE se orienta, entre otros asuntos, hacia el acceso a la escolarización de las y los menores, trámites burocráticos con Lanbide o gestiones en Osakidetza. Ahora bien, la “puerta de entrada” —tal y como definen ambas militantes— para hacer todos estos papeleos es el padrón. Recomiendan, lo primero, pasar por el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (más conocido por sus siglas, SMUS), localizado en la calle Uribitarte. Las actividades asociadas a este servicio son la atención social de urgencia en forma de acogida y la intervención directa. Además, solicitando la tarjeta de comedor, las personas en situación de emergencia dejan constancia del tiempo que llevan en la ciudad. Pese a que es necesario acudir a este servicio, Jokin Revilla lo califica como “un antro, lejos de cumplir con un servicio de diagnóstico y valoración”. Este miembro de OEE alega que “tendría que haber personal municipal, pero se trabaja a partir de subcontratas”. Desde su experiencia, señala que prohíben la entrada a las personas que van acompañadas, lo cual, añade, “es ilegal porque no pueden expresarse”.
Desde la plataforma se está elaborando una campaña, inspirada en otra emprendida por colectivos catalanes, en la que se exija el derecho a padrón social en un domicilio municipal. “En este proceso de acogida, nosotras estamos rozando los límites del asistencialismo, pero, en realidad, es atender las necesidades de la gente y no hacemos nada sin que luego tenga un reflejo de denuncia en la calle”, concluyen desde OEE.
Artea e Irun como ejemplo
Coetánea a la creación de Ongi Etorri Errefuxiatuak, la Red Artea, ubicada en el valle de Arratia (Bizkaia), es “una red solidaria de casas de acogida y pequeñas empresas sociales que ensayan nuevas formas de vida bajo la filosofía del buen vivir y la desobediencia civil”, como lo define Mikel Zuluaga, uno de sus participantes. En diciembre de 2016, dos de sus integrantes fueron detenidas en Grecia tras intentar cruzar la frontera con varias personas refugiadas. Al calor de esa acción se incubaron nuevos paradigmas comunitarios enclavados dentro del ámbito baserritarra. Para ello, se han puesto a punto huertas, panaderías, obradores y hospederías, además de contar con dos viviendas —también comunitarias— en el pueblo. Una de ellas para personas en tránsito. La otra, para las que quieren quedarse. Por allí han pasado cientos de personas.
Estos espacios existen porque aquí se cree en que “las personas sean independientes de cualquier otro organismo para vivir como les dé la gana”, matiza Zuluaga. Incluso independientes de la propia Red Artea. “Para que cojan su propio vuelo hay que crear itinerarios para su legalización y arraigo”, añade. En este sentido y para que no “dependan de nadie” se busca darles una alternativa laboral. Rehúyen de actitudes paternalistas y asistencialistas, se trabaja desde el asesoramiento regulatorio y la desobediencia civil en un proceso de acogida fundamentado en cuatro ejes, como cuenta Mikel Zuluaga: “La acción humanitaria —empatía por el o la que sufre—; la acción política a través de la confrontación; y, la denuncia de las causas por las cuales las personas tienen que migrar”.
A lo largo del verano de 2018 se produjo un aumento de las personas migrantes que llegaban hasta Euskal Herria procedentes de las costas andaluzas. Cientos de ellas y ellos quedaron a expensas de la solidaridad vecinal en pueblos y ciudades vascas y navarras al quedar totalmente fuera de los dispositivos institucionales. Algunas de las alternativas surgidas de la comunidad, todavía persisten.
En julio de ese mismo año, la estación de trenes y buses de Irun se llenó por quienes pernoctaban o quedaban abandonadas antes de o tras intentar cruzar el paso fronterizo. “Cada día llegaban al pueblo entre 50 y 80 con intención de continuar su viaje hacia el Estado francés”, cuenta Yon Aranguren, de Irungo Harrera Sarea. En agosto de ese mismo año, la policía francesa redobló los controles en la muga y el número de personas migrantes que fueron “devueltas en caliente”.
Alrededor de un centenar de irundarras y habitantes de pueblos cercanos se “organizaron y autogestionaron al margen de las instituciones” para ofrecer recursos individuales y colectivos en torno a lo que ahora se denomina Irungo Harrera Sarea. “Las instituciones montaron una infraestructura para dormir y dar comidas”, detalla Aranguren. Sin embargo, desde la red resaltan que aunque han conseguido que haya un dispositivo, “existen muchas restricciones y normas opacas” en el cerrojo migratorio que supone Irun.
A 120 kilómetros de Irun, en octubre de 2018, nace Arrigorriaga Harrera. Después de tres meses en los que el movimiento vecinal de Bilbao intentó acoger de forma improvisada a más de 200 personas en espacios como las canchas de Atxuri, la Kultur Etxea de Bilbi, Karmela de Santutxu y en el Bizi Nahi la ribera de Deusto; el movimiento se descentralizó y extendió por Bizkaia.
Fue entonces cuando el gaztetxe de Arrigorriaga ofreció su espacio y creó una asamblea para “gestionar la acogida de diez personas, en colaboración con la Gazte Asanblada del pueblo, Ongi Etorri Errefuxiatuak Arrigorriaga y diferentes militantes del movimiento popular”, aclara Peio Molinuevo, miembro de la asamblea.
Más de veinte personas han pasado durante este tiempo por la vivienda acondicionada por el gaztetxe. “Algunos de ellos solo estaban de tránsito, o han decidido buscar otras oportunidades en otros lugares. A día de hoy son ocho los compañeros que están en la red”, cuenta Molinuevo.
Desde la asamblea, conformada por quince militantes en la actualidad, reconocen que “gran parte del trabajo para poder ofrecer una acogida digna ya está hecho”. Por lo que, además de la concienciación respecto a la imposibilidad del tránsito libre, el antirracismo y la solidaridad, otra de las líneas de trabajo versa sobre “poder generar empleos para los compañeros acogidos”. En este sentido, su mayor logro es la BiziEskola, una tienda y taller de bicicletas que ha facilitado el acceso al trabajo para los compañeros.
“El hecho de que Arrigorriaga Harrera (al igual que otras muchas harreras) naciera es sinónimo de que las instituciones no están haciendo bien su papel”, sentencian desde la asamblea. “Una vez llegadas estas personas aquí, lo que les depara no es mucho mejor, pues en la mayoría de los casos la supervivencia en el llamado primer mundo se vuelve un infierno: falta de atención institucional, tener que vivir sin techo por la escasez de servicios de acogida gubernamental y municipales, imposibilidad de empadronarse…”, sentencia Molinuevo.
