Extracto de las noticias de la ONU
NUEVA YORK (19 de octubre de 2018) – La privatización generalizada de los bienes públicos en muchas sociedades está eliminando sistemáticamente la protección de los derechos humanos y marginando aún más a quienes viven en la pobreza, según un nuevo informe (en castellano).
Philip Alston, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, criticó hasta qué punto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso la propia ONU han promovido agresivamente la privatización generalizada de los servicios básicos, sin tener en cuenta las implicaciones para los derechos humanos o las consecuencias para los pobres. También criticó a los grupos de derechos humanos por no responder con la suficiente firmeza a los desafíos resultantes.
«La privatización de la provisión de justicia penal, protección social, prisiones, educación, atención básica de la salud y otros bienes públicos esenciales no puede hacerse a expensas de tirar por la borda la protección de los derechos», dijo Alston.
«Los Estados no pueden prescindir de sus obligaciones en materia de derechos humanos delegando servicios y funciones básicos a empresas privadas en condiciones que saben que socavarán efectivamente esos derechos para algunas personas».
Señaló que si bien «los proponentes presentan la privatización como una solución técnica para gestionar los recursos y reducir los déficits fiscales, en realidad se ha convertido en una ideología de gobernanza que devalúa los bienes públicos, los espacios públicos, la compasión y una serie de otros valores que son esenciales para una sociedad decente».
«Mientras que los proponentes de la privatización insisten en que ahorra dinero, aumenta la eficiencia y mejora los servicios, la evidencia del mundo real muy a menudo desafía o contradice estas afirmaciones», dijo Alston.
La privatización se basa en supuestos fundamentalmente diferentes de los que sustentan el respeto de los derechos humanos, como la dignidad y la igualdad, dijo. Inevitablemente, da prioridad a los beneficios y deja de lado consideraciones como la igualdad y la no discriminación. Los titulares de derechos se transforman en clientes, y aquellos que son pobres, necesitados o con problemas son marginados o excluidos. Los criterios de derechos humanos están ausentes en casi todos los acuerdos de privatización, que rara vez incluyen disposiciones para un monitoreo sostenido de su impacto en la provisión de servicios y en los pobres.
«Los mecanismos existentes de rendición de cuentas en materia de derechos humanos son claramente inadecuados para hacer frente a los desafíos de la privatización a gran escala y generalizada», dijo Alston. «La comunidad de derechos humanos ya no puede ignorar las consecuencias de la privatización y necesita reconsiderar radicalmente su enfoque.
Los actores de los derechos humanos deben comenzar por reclamar el terreno moral y reafirmar el papel central de conceptos como la igualdad, la sociedad, el interés público y las responsabilidades compartidas, desafiando al mismo tiempo el supuesto de que la privatización debería ser el enfoque por defecto. «La comunidad de derechos humanos necesita desarrollar nuevos métodos que enfrenten sistemáticamente la implicación más amplia de la privatización generalizada y asegurar que los derechos humanos y la rendición de cuentas estén en el centro de los esfuerzos de privatización», dijo Alston.
Parece que no hay límites a lo que los Estados han privatizado, dijo. Las instituciones y servicios públicos de todo el mundo han sido asumidos por empresas privadas dedicadas a sacar provecho de partes clave de los sistemas de justicia penal y las prisiones, dictando prioridades y enfoques educativos, decidiendo quiénes recibirán las intervenciones de salud y la protección social, y eligiendo qué infraestructura se construirá, dónde y para quién, a menudo con graves consecuencias para los más marginados. «Existe un riesgo real de que las oleadas de privatizaciones experimentadas hasta la fecha sean seguidas pronto por un verdadero tsunami», dijo Alston.
La privatización de la protección social lleva a menudo a centrarse en preocupaciones de eficiencia económica que tienen por objeto reducir al mínimo el tiempo dedicado a cada cliente, cerrar los casos antes, generar honorarios siempre que sea posible y atender a los más acomodados, dejando al margen a los que tienen menos recursos y problemas más complejos.
