Autor: Georgia Bekridaki, RIPESS Europa
El 7 de enero de 2026 se lanzó oficialmente la campaña por el Derecho a la Alimentación de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), en la que la RIPESS participó activamente. La campaña está coordinada por Good Food for All (GFFA-EU), una coalición de la sociedad civil con sede en Bruselas que trabaja para garantizar que la alimentación se reconozca como un derecho humano fundamental, adecuado, seguro, nutritivo y producido de forma sostenible.
A lo largo del próximo año, la RIPESS trabajará junto con casi 200 organizaciones de toda la Unión Europea para recoger al menos un millón de firmas de ciudadanos de la UE. Alcanzar este umbral obligará a la Comisión Europea a responder y reforzará nuestra presión colectiva para lograr un cambio real en las políticas alimentarias de la UE, basado en la justicia social, la sostenibilidad y la democracia.
La campaña presenta un conjunto claro de demandas que abordan los problemas estructurales de los sistemas alimentarios actuales, desde el acceso a los alimentos y los medios de subsistencia de los agricultores hasta la protección del medio ambiente y el poder del mercado. Estas demandas piden a la UE que consagre el derecho a la alimentación en sus leyes y políticas, que apoye a los campesinos y la agroecología, que garantice precios justos y dietas sanas, que refuerce el bienestar animal, que haga frente a la concentración de tierras y a los monopolios del mercado, y que prohíba la especulación con los productos agrícolas y alimenticios.
Puedes encontrar más información sobre la campaña y sus demandas en: https://www.goodfoodforall.eu
Vayamos un paso más allá y examinemos cómo las reivindicaciones de la campaña por el Derecho a la Alimentación se cruzan directamente con el acuerdo UE-Mercosur
- Consagrar el derecho a la alimentación en las leyes y políticas de la UE
En toda Europa, el acceso a la alimentación sigue tratándose principalmente como un resultado del mercado y no como un derecho humano fundamental. Aunque el derecho a la alimentación está claramente reconocido en el derecho internacional y por las Naciones Unidas como el derecho de toda persona a tener acceso regular y permanente a una alimentación adecuada, segura, nutritiva y culturalmente apropiada, la Unión Europea nunca ha incorporado plenamente este derecho en la legislación o en los marcos políticos vinculantes de la UE. Como consecuencia, la inseguridad alimentaria, las enfermedades relacionadas con la dieta y la pobreza rural persisten incluso en una de las regiones más ricas del mundo. Reconocer el derecho a la alimentación en la legislación de la UE exigiría que las instituciones de la UE evaluaran cómo afectan las políticas agrícolas, comerciales, climáticas, de competencia y sociales a la capacidad de las personas para acceder a los alimentos con dignidad. Este planteamiento está en consonancia con los compromisos actuales de la UE en el marco del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia «de la granja a la mesa», pero estas estrategias seguirán siendo frágiles mientras no se proteja jurídicamente el derecho a la alimentación.Esta contradicción se hace especialmente visible en el contexto de la política comercial. El acuerdo UE-Mercosur da prioridad al crecimiento de las exportaciones y al acceso a los mercados, mientras que no incluye salvaguardias ejecutables para el derecho a la alimentación. Al promover sistemas alimentarios que desplazan a los pequeños agricultores, aceleran la destrucción medioambiental y socavan la producción local de alimentos, el acuerdo corre el riesgo de violar los mismos principios que la UE afirma defender. Un compromiso auténtico con el derecho a la alimentación no puede coexistir con acuerdos comerciales que socavan estructuralmente la seguridad y la soberanía alimentarias. - Apoyo a los campesinos y a la agroecología
Los campesinos, los pequeños agricultores y los productores de alimentos están en el centro de los sistemas alimentarios europeos. Desempeñan un papel importante en la alimentación de las comunidades, el mantenimiento de los territorios rurales, la protección de la biodiversidad y la respuesta a la crisis climática. La agroecología ofrece una alternativa viable y probada. Arraigada en el conocimiento científico, las prácticas tradicionales y la experiencia de los agricultores, la agroecología refuerza los sistemas alimentarios locales, reduce la dependencia de los insumos químicos y aumenta la resiliencia ante las crisis climáticas. Los organismos internacionales, entre ellos la FAO y las Naciones Unidas, reconocen que la agroecología es esencial para lograr sistemas alimentarios sostenibles y para hacer realidad los derechos de los campesinos recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos.Sin embargo, los acuerdos comerciales de la UE van en dirección contraria. El acuerdo UE-Mercosur refuerza los monocultivos industriales, como la producción de soja y carne de vacuno, impulsando la deforestación, el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de comunidades rurales en Sudamérica, al tiempo que aumenta la presión sobre los agricultores europeos. Al fomentar un modelo basado en las exportaciones baratas y la producción intensiva, el acuerdo socava las transiciones agroecológicas en ambos continentes. Apoyar a los campesinos y la agroecología requiere coherencia política, no incentivos comerciales que recompensen los daños medioambientales y sociales. - Garantizar precios justos y dietas sanas
El sistema alimentario actual falla sistemáticamente tanto a los productores como a los consumidores. A los agricultores de toda Europa se les paga a menudo por debajo del coste de producción, mientras que los consumidores, especialmente los que tienen bajos ingresos, luchan por permitirse alimentos sanos y nutritivos. Al mismo tiempo, los productos ultraprocesados y poco saludables que producen el llamado hambre oculta están ampliamente disponibles a precios bajos, mientras se ocultan los verdaderos costes sociales, sanitarios y medioambientales de los alimentos. Una política alimentaria basada en los derechos debe abordar este desequilibrio. Unos precios justos para los agricultores, unos ingresos dignos para los trabajadores de la alimentación y un acceso asequible a dietas sanas no son objetivos separados, sino que están profundamente interconectados. Garantizar precios justos significa replantearse cómo se distribuye el valor a lo largo de la cadena alimentaria y enfrentarse al poder de los grandes minoristas y procesadores. Garantizar dietas sanas significa remodelar los entornos alimentarios para que los alimentos nutritivos sean la opción más fácil y accesible.El acuerdo UE-Mercosur intensifica la competencia basada en precios bajos y normas de calidad controvertidas, presionando aún más a los agricultores europeos e inundando al mismo tiempo los mercados con productos producidos en condiciones sociales, medioambientales y sanitarias diferentes. Esta dinámica alimenta una carrera a la baja que hace cada vez más difícil conseguir precios justos y dietas sanas. - Reforzar el bienestar animal
El bienestar animal no es una cuestión marginal, sino un componente básico de los sistemas alimentarios sostenibles y éticos. La Unión Europea reconoce formalmente a los animales como seres sensibles, y la preocupación pública por el bienestar animal está creciendo en todos los Estados miembros. Sin embargo, siguen predominando los sistemas ganaderos industriales que dan prioridad a la productividad sobre el bienestar animal, y las normas de la UE se ven socavadas con frecuencia por las importaciones.
Reforzar el bienestar animal requiere algo más que mejoras graduales. Exige una transformación de los sistemas ganaderos intensivos hacia modelos que respeten la salud animal, los límites medioambientales y la salud pública. Esto está estrechamente relacionado con la acción por el clima, la protección de la biodiversidad y el enfoque «Una sola salud», que reconoce la interdependencia de la salud humana, animal y de los ecosistemas.
El acuerdo UE-Mercosur socava estos objetivos al ampliar las importaciones de productos animales producidos con normas de bienestar inferiores. Al permitir la entrada de estos productos en el mercado comunitario, la UE debilita sus propios compromisos en materia de bienestar animal y envía una clara señal de que el precio y el volumen importan más que las normas éticas. Un sistema alimentario que respete a los animales no puede basarse en normas comerciales que recompensen las prácticas perjudiciales. - Hacer frente a la concentración de tierras y a los monopolios de mercado
En toda Europa y en el mundo, la tierra y los sistemas alimentarios están cada vez más concentrados en manos de unos pocos actores poderosos. Los grandes agronegocios, los inversores financieros y las empresas multinacionales controlan una parte cada vez mayor de las tierras de cultivo, las instalaciones de procesamiento y los mercados minoristas. Esta concentración erosiona los medios de subsistencia rurales, socava el control democrático sobre los sistemas alimentarios y limita la autonomía de los agricultores. La tierra no es sólo un activo económico; es la base de la producción alimentaria, el patrimonio cultural y la vida comunitaria. Hacer frente a la concentración de la tierra requiere políticas públicas firmes que protejan el acceso a la tierra de los pequeños agricultores, los jóvenes agricultores y los nuevos operadores, al tiempo que regulen las inversiones especulativas y el excesivo poder del mercado.El acuerdo UE-Mercosur refuerza el control empresarial sobre las cadenas de valor mundiales y fomenta el acaparamiento de tierras para la producción orientada a la exportación. Al reforzar el poder de los comerciantes y procesadores multinacionales, el acuerdo profundiza las desigualdades y debilita la soberanía alimentaria en ambas regiones. Los sistemas alimentarios democráticos no pueden prosperar bajo estructuras de mercado monopolísticas. - Prohibir la especulación con productos agrícolas y alimentos
La especulación con productos agrícolas contribuye a la volatilidad de los precios, desestabiliza los mercados y desconecta los precios de los alimentos de la oferta y la demanda reales. Estas fluctuaciones afectan sobre todo a los agricultores y a los consumidores de bajos ingresos, aumentando la inseguridad alimentaria y la inestabilidad social.
Numerosas instituciones y expertos internacionales han advertido sobre los efectos perjudiciales de la excesiva especulación financiera en los mercados alimentarios. Aunque la UE ha tomado algunas medidas reguladoras, sigue habiendo lagunas, y las actividades especulativas siguen influyendo en los precios de los alimentos en todos los mercados mundiales. Al ampliar los flujos mundiales de mercancías, el acuerdo UE-Mercosur expone aún más los sistemas alimentarios a la especulación financiera y a las perturbaciones del mercado. En lugar de reducir la volatilidad, estos acuerdos profundizan la dependencia de los mercados mundiales de materias primas, socavando la estabilidad necesaria para realizar el derecho a la alimentación. Tratar la alimentación como un derecho humano significa sustraerla a la lógica especulativa y garantizar que los sistemas alimentarios estén al servicio de las personas, no de los intereses financieros.A medida que la campaña Derecho a la Alimentación pide que se reconozca la alimentación como un derecho humano fundamental en toda Europa, también plantea una cuestión crucial: ¿hasta qué punto son coherentes en la práctica las políticas de la UE con este compromiso? En ningún lugar es más visible esta contradicción que en la agenda comercial de la UE. El actual debate en torno al acuerdo UE-Mercosur demuestra que la política alimentaria, la política comercial y la responsabilidad democrática están profundamente interconectadas. Los movimientos campesinos no sólo están cuestionando las repercusiones sociales, medioambientales y sobre el sistema alimentario de este acuerdo, sino también la forma en que se está impulsando a través de las instituciones de la UE, revelando cómo el derecho a la alimentación se ve socavado tanto por el contenido de las políticas como por el proceso democrático.
La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y la CLOC celebran la votación del Parlamento Europeo sobre el TLC UE-Mercosur
Los movimientos campesinos de Europa y América Latina acogieron con satisfacción la votación del Parlamento Europeo del 21 de enero, que remitió el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que emitiera un dictamen jurídico, por considerarlo un importante control sobre la forma en que se están impulsando los acuerdos comerciales. Según La Vía Campesina y sus organizaciones miembros, la decisión demostró la resistencia a un proceso que consideran antidemocrático y viciado desde el punto de vista del procedimiento, ya que el acuerdo se ha dividido artificialmente en partes separadas, permitiendo a los eurodiputados votar sobre partes no comerciales, mientras que el capítulo comercial central elude el pleno escrutinio parlamentario y nacional. Esto, argumentan, socava el funcionamiento democrático de la UE y corre el riesgo de que el acuerdo se aplique provisionalmente sin la debida aprobación.
Más allá del procedimiento, Vía Campesina subraya que el contenido del propio acuerdo UE-Mercosur es profundamente problemático. Sostienen que el acuerdo sirve principalmente a la agroindustria empresarial y a los intereses orientados a la exportación, amenazando la agricultura campesina, los medios de vida rurales, la soberanía alimentaria y los derechos sociales y medioambientales a ambos lados del Atlántico. Para ellos, las preocupaciones democráticas no pueden separarse de la sustancia del pacto comercial: la forma en que se estructura y promueve refleja una pauta más amplia de priorizar el acceso al mercado sobre los derechos de las personas.
