Autor: Ruby van der Wekken, cooperativa alimentaria Oma maa Finlandia / RIPESS Europa
Se calcula que una quinta parte de la población europea no tiene acceso a una alimentación adecuada -que se define como una alimentación diversa, nutritiva, segura y culturalmente apropiada-, mientras que los pequeños agricultores luchan por ganarse la vida, hay un declive de las explotaciones agrícolas y los nuevos agricultores tienen dificultades para acceder a la tierra. Esta cruda realidad fue destacada por Almudena García Sastre, de FIAN Europa, al comienzo de un seminario web organizado por Ecolise en febrero sobre los sistemas alimentarios en general y sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «Buena alimentación para todos» en particular.
La ICE «Buena alimentación para todos » cuenta actualmente con el apoyo de una coalición de más de 300 organizaciones miembro. La campaña se propone recoger un millón de firmas válidas en toda la UE con el objetivo de reforzar la protección jurídica del derecho a la alimentación en la UE, enmarcando la alimentación como un derecho político, económico y social, fomentando la movilización unificada de la sociedad civil europea para la promoción de la realización del derecho a una alimentación adecuada en la UE, y promoviendo la dignidad, la justicia y la sostenibilidad alimentarias.
«Esto no es una petición. Es un instrumento jurídico. Si alcanzamos un millón de firmas en al menos siete países de la UE, la Comisión Europea debe responder y abrir un proceso formal. Esa es la puerta. Pero tenemos que empujar para que se abra*».
¿Por qué (molestarse en) firmar la ICE «Buena alimentación para todos»?
La alimentación es un derecho humano. Todos los Estados miembros de la UE han ratificado el Convenio sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a la Alimentación, y tienen la obligación de garantizar el derecho a la alimentación. Sin embargo, como subrayó Almudena, existe una falta de operatividad en la aplicación interna de las políticas públicas de apoyo a este derecho. En su lugar, la política alimentaria se legisla predominantemente por la libre circulación de alimentos. Los ciudadanos son tratados como consumidores, y las soluciones propuestas se basan en su poder adquisitivo como principal motor del cambio. Este enfoque impulsado por el mercado corre el riesgo de perpetuar las injusticias, dejar a las personas con poca o ninguna capacidad de decisión sobre sus sistemas alimentarios y profundizar las desigualdades.
Además, no existe un enfoque coherente de la alimentación, continuó Almudena. Por un lado, hay estrategias alimentarias locales ambiciosas, pero por otro, falta competencia para aplicar las decisiones. Las decisiones se basarán en visiones para una transición agroecológica, pero siguen estando muy condicionadas, y a veces restringidas, por el contenido de la Política Agrícola Común. La ICE sobre el Derecho a la Alimentación ofrece entonces una perspectiva global al abordar cómo se producen, distribuyen y consumen los alimentos. Es importante que reúna a distintos movimientos que trabajan en torno a cuestiones (relacionadas) con la alimentación, como activistas medioambientales, trabajadores rurales, consumidores y movimientos por la justicia social, al tiempo que legitima sus reivindicaciones de base.
«El derecho a la alimentación no aparecerá en la legislación europea porque sea moralmente correcto. Aparecerá porque suficientes personas lo exigen, formalmente, a través de la Iniciativa Ciudadana Europea*».
Durante el acto en línea, Ramona Duminicioiu, de Eco Ruralis, se explayó sobre la PAC, que describió como una medida que permite a los agricultores ricos nadar más en privilegios, mientras que los pequeños agricultores se enfrentan a más desventajas. Como mayor presupuesto agrícola de la UE, la PAC refleja la alineación de poderosos intereses económicos. Los fondos públicos se distribuyen principalmente en función de las hectáreas y no del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Por tanto, es necesario un cambio en la forma de entender la alimentación y las políticas alimentarias. La ICE sobre el Derecho a la Alimentación pone en primer plano un enfoque en el que los alimentos se entienden como facilitadores de la vida, conectando los puntos entre la nutrición, la cultura, el conocimiento y los procesos participativos.
La ICE aborda sistemáticamente el sistema alimentario y formaliza las obligaciones que tienen los Estados, proporciona herramientas, se centra en abordar las desigualdades y vuelve a poner el foco en los derechos humanos. La ICE también pretende, a través de distintas reivindicaciones, hacer operativo un Consejo Europeo de la Alimentación que promueva una Política Alimentaria Común que establezca el futuro de la agricultura.
En respuesta a las preocupaciones planteadas durante el acto de que, incluso si alcanza el umbral requerido, la ICE «Buena para Todos» sigue corriendo el riesgo de ser recibida con desdén por sus objetivos de justicia social y ecológica, Romana respondió que tenemos que confiar en el proceso. La ICE no es una recogida ad hoc de firmas, sino un instrumento jurídico que habrá que tratar.
La CTI también se considera una herramienta para movilizar y unir a nivel nacional. Como señaló Drazen Simlesa, de RIPESS Europa, hay muchas iniciativas en torno a la alimentación sobre el terreno, pero necesitamos que influyan en las políticas públicas para provocar un cambio social. Drazen enmarcó la ICE en el importante rechazo a seguir la narrativa de que seguridad equivale a militarización, y en su lugar nos anima a centrarnos en las prácticas de construcción de la paz como cambio del sistema alimentario.
Firma la Iniciativa Ciudadana Europea «Buena alimentación para todos
