Artículo de Jason Nardi y Franca Crisci, RIES – Rete Italiana Economia Solidale
Las comunidades intencionales representan un modelo social alternativo basado en la vida compartida, la cooperación económica y la sostenibilidad medioambiental. Ya sea en ecoaldeas rurales o en proyectos urbanos de covivienda, estas comunidades fomentan fuertes vínculos sociales y enfoques innovadores de la gestión de los recursos. En Italia, a pesar de su creciente presencia, permanecen en una zona gris legal, a menudo obligadas a registrarse como asociaciones o cooperativas, lo que no refleja plenamente su naturaleza y crea obstáculos burocráticos innecesarios.
Desde 2008, organizaciones como la Red Italiana de Aldeas Ecológicas (RIVE ) y la Coordinadora Nacional de Comunidades para la Investigación Ética y Espiritual (CONACREIS) abogan por un marco jurídico que reconozca y apoye a las comunidades intencionales. Tras un primer intento en 2010, en 2020 se presentó un nuevo proyecto de ley en el Parlamento, con el apoyo también de la RIES, la Red Italiana de Economía Solidaria. La propuesta pretende definir las comunidades intencionales como grupos de individuos que comparten no sólo espacios y recursos, sino también una visión colectiva de la vida, estructurada mediante la gobernanza participativa y el apoyo mutuo.
El proyecto de ley pretende establecer un estatuto jurídico claro para estas comunidades, que les permita adquirir personalidad jurídica y registrarse en una base de datos nacional. Esto les permitiría acceder a financiación pública y europea con arreglo a la normativa del tercer sector y colaborar con los gobiernos locales para revitalizar zonas rurales abandonadas, restaurar propiedades públicas y contribuir a la conservación del medio ambiente. El modelo económico esbozado en el proyecto de ley garantiza que los bienes comunitarios sigan siendo de propiedad colectiva, y que los ingresos se reinviertan en proyectos comunitarios en lugar de distribuirse como beneficios personales. Al mismo tiempo, reconoce la importancia de los derechos sociales dentro de estas comunidades, reconociendo el deber de asistencia mutua entre los miembros, incluido el apoyo en las decisiones sanitarias y en cuestiones de herencia en los casos en que no existan herederos directos. Además, las comunidades comprometidas en esfuerzos de sostenibilidad, como la reducción de residuos y la agricultura autosuficiente, podrían ser reconocidas oficialmente como administradoras del medio ambiente, reforzando su contribución a la sociedad en general.
Más allá de sus implicaciones jurídicas y económicas, la propuesta destaca el papel de las comunidades intencionales como laboratorios de innovación social. Al promover la vida colaborativa, las prácticas sostenibles y la toma de decisiones inclusiva, estas comunidades desafían los modelos convencionales de vivienda y organización social, ofreciendo alternativas viables al aislamiento y al consumo excesivo.
El camino hacia la aprobación del proyecto de ley sobre Comunidades Intencionales sigue siendo incierto (con las elecciones parlamentarias del año pasado, es necesario reiniciar el proceso), pero el creciente interés por los modelos de vida alternativos sugiere un cambio en la forma en que la sociedad considera los estilos de vida colectivos y sostenibles. Si se aprueba, esta ley podría sentar un precedente para reconocer y apoyar a las comunidades que sitúan las relaciones humanas y la responsabilidad ecológica en el centro de su visión, allanando el camino hacia un futuro más inclusivo, resiliente y solidario.
